La Diputada Cristina Fiore se refirió en la sesión pasada de la cámara de Diputados a la falta de respuesta de los pedidos de informe. En el acta del labor del martes 15 -aunque sin Dictámenes de comisión- figura un proyecto que sanciona a los ministros que no respondan.

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Cristina Fiore

“Hemos presentado un proyecto de ley que sanciona a los Ministros que no dan respuesta a los pedidos de informe, ya que son muy pocos los que son contestados, ellos tienen la obligación constitucional de hacerlo.”

“De 36 pedidos sólo 8 han sido contestados, entre ellos los más importantes son los que refieren al uso de la frase  método anticonceptivo dentro de la sección de salud sexual en el presupuesto, ya que si bien se toca la temática, la palabra no es enfáticamente utilizada” señaló Fiore a Aries.

Uno de los puntos del acta a tratarse mañana en la legislatura de Salta. Es improbable que se trate, por ser la diputada de un bloque no oficialista.

Dos de los informes que solicitara la diputada de Ahora Salta se refieren a los temas de atención y prestación de diálisis en la provincia de Salta.

Fiore indicó que realizó 2 pedidos de información a la cartera sanitaria en menos de 3 meses. Ninguno fue contestado. Se preguntó al Poder ejecutivo cuál es el convenio vigente entre el gobierno y las prestadores de diálisis y por qué se producen retrasos en los pagos a los centros privados.

El proyecto de ley que prevé sanciones a los ministros es acompañado por sus compañeros de bancada los Dip. Roque Ramón CORNEJO AVELLANEDA y Dip. Julieta Estefanía PERDIGÓN WEBER y por FRANCO HERNANDEZ BERNI y está sin dictámenes de las Comisiones de Legislación General y la de Hacienda y Presupuesto.

La breve fundamentación del proyecto en el Acta indica:

«El proyecto de Ley busca resguardar los artículos ya mencionados, propugna sanciones en cabeza de los ministros y las máximas autoridades de los Entes descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Entes Privados adjudicatarios de servicios públicos privatizados y cualquier otro Ente Público, en caso de incumplimiento al deber de informar al poder legislativo, contemplando además en caso de reincidencia la posibilidad de la remisión de todas las actuaciones al poder judicial, para que se analice la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Es improbable que el proyecto llegue a tratarse mañana por el origen del mismo: un bloque que no es oficialista y por ser un tema sensible al gobierno.

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