Queremos compartirle a nuestros conciudadanos que los centros de Diálisis, reunidos en CEPRIDIASA, no secuestramos a nadie ni tenemos de rehén a nadie. Somos empresas salteñas, de capitales salteños, que hacemos nuestro trabajo con profesionalismo, en tiempo y en forma y que tenemos compromiso con la vida de nuestros pacientes.
El ministro de Salud, Juan José Esteban, en ocasión de la renovación de 10 equipos y 10 asientos de diálisis en la capital salteña, dijo, en medios de comunicación, que van a expandir el servicio público a toda la provincia para que “los pacientes no se utilicen como rehenes de los centros privados de diálisis” y que ésta es una política del Estado.
Sus expresiones suponen la sustitución de los centros de diálisis para la atención de los pacientes de toda la provincia y deja entrever que considera que los conflictos que se suscitan periódicamente son responsabilidad de los centros.
La anticipación de que el aparato público de salud podría hacerse cargo de los pacientes con enfermedad renal crónica afecta directamente el interés de los centros como unidades económicas (que emplean personal profesional y contratan servicios locales pero, debe decirse, compran insumos importados).
Pero además sabemos que el Estado no tiene la estructura suficiente para asumir las prestaciones que pretende y es irresponsable de parte del ministro generar una expectativa en la población que no podrá satisfacer.
Todo esto, sin hacer mención a la verdadera causa del conflicto que es la falta de pago de las prestaciones y la falta de voluntad de producir una instancia verdadera de diálogo y acuerdo.