Es el segundo pedido en menos de 3 meses. El anterior no fue contestado. El actual fue aprobado la semana pasada. Se preguntó al ejecutivo cual es el convenio vigente y por qué se producen retrasos en los pagos a los centros privados.
Según expresó la diputada, a raíz de declaraciones que hizo el ministro de salud Juan José Esteban, con respecto a las ventajas que tendría una prestación pública de diálisis, “hicimos un pedido de informe para consultar acerca del estado de situación del convenio que existe entre la nación y provincia para la cobertura de los tratamientos de diálisis”.
El pedido es acompañado por sus compañeros de bancada los Dip. Roque Ramón CORNEJO AVELLANEDA y Dip. Julieta Estefanía PERDIGÓN WEBER.
SABER SI HAY CONVENIO Y SI SE CUMPLE
Allí, además, consultan al ejecutivo por la “cantidad de personas empadronadas en la provincia, distinguiendo los diferentes departamentos” y quieren conocer los valores actuales de la cápita. Centralmente quieren conocer en ese pedido “cuál es la vigencia actual de convenio entre la Provincia y CEPRIDIASA – Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta” por la prestación del servicio de diálisis en toda la Provincia y “el grado de cumplimiento del acta acuerdo “.
La diputada del bloque Ahora Salta inquiere en el pedido de informe (Expediente: 91-46869/22 P.R.) aprobado en la sesión de la Cámara de diputados del martes 27 de septiembre que el gobierno detalle “qué quiere hacer: eso es lo que más me preocupa, porque podemos hablar de cuestiones técnicas, podemos hablar de convenios, de pagos o de retrasos, pero lo que a nosotros como legisladores del Bloque Ahora Salta verdaderamente nos preocupa es cuál es la situación de las personas que se están haciendo diálisis”.
EL CUIDADO DE LAS PERSONAS
Según expresa la legisladora las personas en diálisis “no pueden estar en una situación de incertidumbre si el gobierno paga, si no paga, que si ahora hay aparatos de diálisis que se están llevando al interior y aparentemente pareciera que no están habilitados…”
“Básicamente lo que nos preocupan son las personas, acá estamos hablando que hay un tema de salud, un tema de salud sumamente serio que no merece de parte del gobierno ni idas, ni vueltas ni retrasos en los pagos” indicó.
Además, Cristina Fiore sostuvo que “hace 30 años que el Estado salteño a través de distintos gobiernos les ha pagado a las prestadoras privadas entonces existe una decisión de la provincia de que esta prestación la van a dar los privados”. Consideró que esa decisión de los sucesivos gobiernos ha considerado que los centros tienen el equipamiento, tienen el personal. De allí que las decisiones consideraron los aportes que vienen de nación y aportes que realiza la provincia.
“FALTA DECISIÓN Y CLARIDAD”
“Si ahora la provincia cambiara de criterio me parece que por lo menos debiera determinar una suerte de interregno, es decir, primero plantear bien la decisión, no como una suerte de amenaza que es lo que me pareció a mí, sino decir, hemos tomado esta decisión”.
Para la diputada Fiore al gobierno le faltan certezas y más en el área de salud “falta decir a donde están parados, hacia donde quieren ir y cuáles son los pasos que van a dar en consecuencia para que a partir de allí los ciudadanos sepamos cuales son las reglas de juego”.
“Falta decisión primero y claridad después” enfatizó Fiore y agregó “en el medio hay personas que no pueden estar esperando ni pueden ser rehenes de indecisiones ajenas”.
Los otros puntos del pedido de informe son
d) Estado de cumplimiento del Acta Acuerdo celebrado entre el Ministerio de Salud Pública y CEPRIDASA, suscrito el 2 de agosto;
e) Detallar los ejes de la política de salud que sigue el gobierno respecto de la cobertura de los servicios de diálisis, indicando: su alcance, jurisdicción, fecha y forma de implementación;
f) Plan de cobertura provincial para los servicios de diálisis.
Este es el segundo pedido de informe que la diputada presenta a la cartera de salud. En ocasión de protestas de parte de los centros y los pacientes en junio pasado había realizado un pedido de informe donde consultaba cuáles eran las prestadoras en el ámbito privado, cuales existían en el ámbito público y “cuál era la razón del retraso de pago con los centros privados.”. Según indicó “todavía no ha sido contestado”.