La Ley promulgada en 2015, busca promover la integración familiar y social de personas trasplantadas y en lista de espera.
Gustavo Marín es paciente trasplantado. Su vida cambió hace 15 años cuando recibió un trasplante renal que le permitió terminar con las sesiones de hemodiálisis. Desde ese día puede viajar, trabajar y hacer actividades que antes no eran posibles.
“Las cosas son más sencillas porque una persona trasplantada está liberada de las cadenas de la hemodiálisis” comenta Gustavo, “a pesar de eso cuando uno tiene transplante, tiene que tomar medicación de por vida y es costosísima”.
Una persona trasplantada tiene que enfrentar muchos desafíos, no solo en el ámbito de la salud, sino también en lo social, educativo y laboral. Por eso en 2015, se promulgó en Salta la ley N°7908 de protección integral para personas trasplantadas, en adhesión a la Ley Nacional 26.928. Esta norma prevé beneficios en salud, educación, transporte y en distintos ámbitos, a personas trasplantadas y a quienes estén en lista de espera.
El autor de la ley es el actual gobernador Gustavo Sáenz.
Siete años después de su sanción no se encuentra reglamentada por el Poder Ejecutivo. “Hay un grupo de chicos trasplantados que están haciendo fuerza para que esta ley se reglamente lo más pronto posible” asegura Gustavo. Este grupo es una comisión de personas trasplantadas y familiares de trasplantados que se presentaron en 2020 en la cámara de Senadores para pedir la reglamentación de la Ley.
¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA LA LEY?
Entre ellos se cuentan la cobertura integral de salud por parte del IPS en lo que refiere a provisión al 100% de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención; o a través de otro medio que disponga el Estado, si el paciente no contara con obra social.
También determina que el Estado debe proveer asistencia psicológica o psiquiátrica, tanto a las personas en lista de espera, trasplantadas y sus familiares directos; garantiza el uso gratuito del transporte público de jurisdicción provincial para el traslado por motivos de salud y el acceso a cupos de viviendas adaptadas a sus necesidades.
Prevé además el uso de licencias de salud para el caso de empleados estatales o deducciones impositivas para empleadores privados que contraten a personas trasplantadas, además de fomentar la promoción de programas de empleo, capacitación y su inserción laboral.
DONAR ÓRGANOS
Desde la comisión de personas trasplantadas no solamente buscan que la ley se reglamente sino también que haya mayor conciencia sobre la donación de órganos. “Donar órgano también es dar vida, es un canto a la vida cuando una persona buena en medio del dolor pueda donar los órganos de su ser querido para dar vida. Yo siento un profundo agradecimiento hacia la familia que tuvo este gesto de amor conmigo y pudo donar los órganos de su ser querido para que pueda ser trasplantado. Honro realmente ese gesto de amor que tuvieron, cuidando profundamente el riñón”.
UNO APRENDE A VALORAR LA VIDA
Gustavo afirma que desde su trasplante cuida muchísimo más su cuerpo. “Uno tiene que saber llevar una alimentación sana, una vida sana. Cuando uno no tiene problemas de salud no se da cuenta de los beneficios que conlleva hacer ejercicio físico, comer sano, no beber bebidas alcohólicas en exceso, uno aprende a valorar la vida”.
Los cuidados que ha implementado son comer con poca sal y hacer ejercicio. “Hago trekking, hago caminata, llevo una vida absolutamente sana y por eso las funciones renales han permanecido intactas, digamos sin ninguna alteración desde que fue el trasplante o sea que está el riñón está casi como el primer día”.
CONTENCIÓN IMPRESCINDIBLE
Son varios y claves los temas por los que la ley es imprescindible. De allí la necesaria puesta en vigencia. En el ámbito laboral, buscar y conseguir un trabajo para un trasplantado se torna difícil. “Me postulé varias veces y no me tomaron porque al hacer los exámenes de físico salta que uno tiene una cirugía de trasplante y eso pesa a la hora de que el empleador pueda conceder un trabajo”.
Marín recuerda que, en el año 2006, cuando recibió el riñón, las obras sociales no cubrían los trasplantes y tampoco reconocían los remedios.
“En ese momento padecimos bastante el maltrato de obras sociales, luego se fue facilitando”. Asegura que ahora la atención del IPS es muy buena, que provee los remedios todos los meses “no tengo ninguna queja contra ellos, realmente me brindan un servicio salud óptimo”.
Gustavo debe tomar medicación de por vida, valuada en más de $100.000 “sí mi obra social no me lo cubriría, sería difícil para mí poder sostener mi situación de trasplantado”.